Editorial: Un debate necesario
Es indispensable la buena disposición política para que Bogotá y sus vecinos consoliden una región próspera y segura; de lo contrario, todos pierden.
Por: Redacción El Tiempo
En medio de los muchos desafíos que enfrenta la capital del país, el de consolidar una región fuerte, dinámica y segura con sus vecinos constituye, sin duda, uno de los más apremiantes en las actuales circunstancias. No solo por el peso y el grado de influencia de la ciudad en el entorno regional, sino por el dinamismo propio que han venido adquiriendo los más de 30 municipios que comparten su área urbana y rural.
El asunto no es menor. El cúmulo de noticias que emergen alrededor del gobierno distrital deja muchas veces por fuera cuestiones que, como esta a que aludimos, representan en buena medida el futuro de un territorio que hoy comparten 9 millones de personas, el 20 por ciento de la población del país.
Y si, como lo proyecta la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), serán más de 11 millones sus habitantes de aquí al 2030, todo lo que se haga o no repercutirá en las generaciones por venir.
Esa es la advertencia que hace el Distrito tras concluir un estudio sobre la región metropolitana, con énfasis en la ocupación del suelo. El documento es un llamado a repensar el modelo de desarrollo que se viene implementando, con el fin de hallar vasos comunicantes que garanticen un crecimiento ordenado y en equilibrio con la naturaleza.
No es fácil. Razones políticas, económicas e, incluso, históricas pesan a la hora de abordar un asunto tan complejo. Para empezar, hablamos de 34 planes de ordenamiento territorial (POT), que deben armonizarse alrededor de unos consensos mínimos. Y ya se ha visto que la sola venta de agua en bloque que hace Bogotá o las compensaciones que se piden para contrarrestar los esfuerzos individuales producen roces.
Sin embargo, la realidad es más contundente. Hoy, el dos por ciento del suelo correspondiente al borde urbano de la sabana de Bogotá, que debería estar protegido, ha sido absorbido por usos urbanos, con Chía como el caso más crítico: el 14 por ciento de su superficie está en esa condición.
Y las proyecciones que se hacen no dejan de llamar la atención: Arbeláez tiene pensado aumentar 14 veces su tamaño actual; Sopó, 18 veces; Chía, 2; Cota, 4, y así sucesivamente, con todo lo que ello implica en términos de provisión de servicios básicos y protección ambiental.
De acuerdo con la SDP, muchas de estas iniciativas están sobredimensionadas, lo que, no obstante, no ha sido óbice para que el valor del suelo se multiplique.
La tendencia a habitar zonas suburbanas, el auge de la industria –que ha encontrado incentivos para instalarse allí– y una oferta inmobiliaria sin antecedentes son factores que llevan a preguntarse si no es hora de hacer una pausa y mirar hacia dónde va la región. Intentarlo no cuesta, y si se deponen los ánimos partidistas y personalistas, posiblemente salgan a relucir más las coincidencias que las diferencias.
Todos los POT de la región –que hoy evalúa la CAR– comparten los mismos retos: garantizar vivienda de interés social, implementar sistemas de movilidad, proteger el recurso hídrico, asegurar una despensa alimentaria, reducir la pobreza y promover el desarrollo sin tener que vender el alma al mejor postor.
Por lo tanto, impulsar debates sobre la mejor manera de armonizar proyectos comunes es conveniente. Si ya se ha avanzado en la consolidación de una región administrativa con los departamentos vecinos, con mayor razón ha de hacerse con quienes se tiene una relación más directa. De lo contrario, todos pierden.
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